La Dirección General de Trabajo ha recibido la convocatoria de huelga de Solidaridad, el sindicato de Vox, contra la amnistía y los pactos de investidura y ha identificado "defectos de forma" en el documento. Fuentes ministeriales han señalado a este periódico que tras detectar estos defectos se disponen a pedir al sindicato que los subsanen para volver a estudiar la convocatoria de huelga y aceptarla o declinarla. 

Esta protesta podría entrar en conflicto con el artículo 11 del decreto que regula las relaciones laborales, según el cual una huelga será ilegal cuando "se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". El propio sindicato convocante asume la posibilidad de que se rechace la movilización, si bien fuentes de Solidaridad aseguran que en ese caso recurrirán la decisión de la Dirección General de Trabajo. 

Según reza el manifiesto de huelga general, Solidaridad convoca la movilización "en defensa de los derechos de todos los trabajadores de España" y como forma de rechazo a "las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales y la desigualdad de los trabajadores  que se producirán al amparo de las cesiones al separatismo y a quienes quieren romper la unidad de España". 

Es precisamente sobre este "marco de desigualdad para los trabajadores" que se construye toda la argumentación en defensa de la pertinencia de esta huelga general. Una desigualdad que se produciría, dicen, a raíz de la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco y la condonación de las deudas a las comunidades autónomas. 

En esta misma línea defienden fuentes de Vox la legalidad de la huelga convocada para el día 24. Aseguran que "lo político y lo laboral están extremadamente unidos" y que los pactos de investidura suponen "un ataque brutal de los derechos de los trabajadores". Será la Dirección de Trabajo quien determine, tras la subsanación de los "defectos de forma" en la convocatoria, si la huelga entra dentro de los márgenes legales, aceptando o rechazando en cada caso la convocatoria. 

Según explica a 20minutos Óscar López Bermejo, de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, la huelga solo se admitirá si la convoca uno de los sujetos facultados en el artículo tercero del decreto de relaciones laborales. Este primer requisito estaría cumplido, pues Solidaridad es un sindicato con potestad para convocar huelgas. Pero se deberá justificar la medida como una forma de "defensa de los derechos profesionales". 

"El conflicto que deriva en el derecho a huelga tiene que ser de carácter laboral, la huelga se debe adoptar con un objetivo profesional o económico", recuerda López. Con todo, la Dirección General de Trabajo hará su análisis basándose en el documento que presente el sindicato, al margen de las comunicaciones que se hayan hecho en relación a la huelga.